Nuevas exigencias en el IRP ahora apuntan a la transparencia

Por Prince Otto y Liz Arce
El Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa su proceso de adecuación en el sistema tributario. En ese sentido, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió la Resolución General 82 por la cual se exige, que en este mes de junio, las entidades públicas y privadas (grandes y medianas), presenten datos más específicos (descuentos, contratación de personal temporal) de las remuneraciones y pagos de aguinaldos realizados durante el 2015.
Los alcances y perspectivas de la disposición fueron debatidos durante la Mesa de Negocios del diario La Nación. En la misma, los participantes coincidieron en que la provisión de estas informaciones, contribuirán a transparentar el sistema, por ende, ampliar la masa tributaria con la inclusión como contribuyentes del IRP de personas que ya alcanzaron o superaron los G. 131 millones de ingresos en el 2015.
En el encuentro estuvieron: la viceministra de Tributación Marta González Ayala (MG); el Gerente de Dirección de Personas en Visión Banco, Humberto Melgarejo (HM); el especialista en Tributación, Francisco Méndez (FM); la contadora, Alba Talavera (AT); el vicepresidente de la UIP, Luis Tavella (LT); el asesor económico de la CAP, Luis Saguier Blanco (LS); el economista del CADEP, Julio Ramírez y la técnica de la SET, Sonia Ferreira (SF).
–¿Cómo nace la necesidad de implementar una resolución más específica sobre el IRP?
–MG: A partir de que la SET no tiene la información patrimonial del contribuyente, resulta bastante difícil constatar de que los ingresos que declaran, sean los que totalmente deben ser para dar cumplimiento cabal a esta ley. Si bien es cierto, recurrentemente se ha señalado de que el objetivo de este impuesto inicialmente era el de la formalización y no el de la recaudación, pero en alguna medida esto está contribuyendo a que la gente cobre más conciencia y cuando uno ya está alcanzado por el IRP se empieza a ocupar de pedir a su proveedor “dame mi factura”.
Es así que desde el año pasado, hemos emitido la resolución puntual para ese año en el que requeríamos principalmente a las empresas del Estado la información respecto a qué monto han pagado a las personas, sean funcionarios, personales que prestan servicios y demás. Y desde este año, lo que pedimos es que las medianas y grandes empresas colaboren en aportarnos esta información de todos sus empleados.
–SF: El motivo es que en el país existe el pluriempleo y sobre todo ahora que estamos trabajando con la implementación de los cruces de información. Lo que hará la SET es cruzar lo que informaron las instituciones y si la persona alcanza el rango, procederemos a la notificación y la concesión del plazo para comunicarle que se le está inscribiendo de oficio. El objetivo es ampliar el universo del IRP porque se nos escapa ciertas informaciones.
–¿Para estas nuevas exigencias, se realizaron adecuaciones en la plataforma de la SET?
–MG: Para eso estamos haciendo adecuaciones al Sistema, de manera que el 7 de junio, que es el primer vencimiento, podamos recolectar. Y esperamos sin mucho sobresaltos del Sistema Marangatú, recepcionar esta información y a partir de allí tener bien avanzados los cruces de información para identificar a aquellos que ya han alcanzado el rango incidido y que no están cumpliendo la obligación tributaria.
–¿Cuál es la apreciación del sector privado sobre la nueva disposición tributaria?
–HM: Vimos que se introducen algunos cambios como por ejemplo, la inclusión de los descuentos y ojalá se pudieran utilizar también eso porque, quién no tiene un préstamo y sabemos que solo la parte de intereses es devengado del impuesto. Sin embargo, la parte de capital no afecta.
LT: Me preocupa de que no se toque la forma de descargar, que termine el proceso y pensemos en el 2019 y arreglemos toda la casa e incluyamos a las personas. Por ahora, la tarea debe ser juntar a todos los contribuyentes y que el mismo contribuyente empiece a prepararse para pagar.
–LS: Desde la CAP siempre hemos apoyado la formalización y un reclamo siempre fue el aumento de la base tributaria dentro de una justicia tributaria medianamente razonable.
Y vemos que con esta resolución se presenta como una primera aproximación de incluir a la mayor cantidad de gente posible, que pida mayor solicitud de boletas. Instamos que se siga disminuyendo la competencia desleal entre empresas que tributan y aquellas que siguen sin hacerlo.
–¿Se ajusta la Resolución General N°. 82 a las normativas tributarias?
–FM: Está ajustada a la amplia facultad que tiene el fisco de solicitar información que será utilizada para incluir a las personas que eventualmente no están declarando la totalidad de sus ingresos.
–AT: Es un fin loable, está dentro de las facultades de la administración tributaria que es el Art. 192. Pero me parece un trabajo adicional porque se nos mezcla con el balance. No es que a última hora presentamos nuestros informes, simplemente nos traen a última hora los informes nuestros contribuyentes. Son causas exógenas que no estamos pudiendo solucionar hasta el momento, por la idiosincracia paraguaya.
–¿Las nuevas exigencias ayudarán a transparentar el proceso de implementación del IRP?
–LT: Creo que esta resolución va a permitir transparentar a mucha gente que gana sumas importantes, sobre todo en los sectores público y privado. Es algo positivo y recae en más trabajo para los técnicos y contadores pero si queremos crecer como país, tenemos que acostumbrarnos a pagar impuesto.
–SB: Apoyamos y estamos absolutamente de acuerdo en todo el proceso de formalización y de transparentar y le pedimos a la viceministra incluir a más empresas dentro del radar para que la evasión vaya cayendo.
–JR: El IRP, por más que sea pequeña la recaudación, es la mitad del Iragro. No solo se está formalizando, sino que se está recaudando más o menos bien.
SF: Esta disposición es uno de los elementos de control, porque el fondo de la cuestión es poder hacer cruce de información y controlar e inscribir de oficio a ciertas personas físicas que no están en nuestro espectro y luego monitorear el efectivo cumplimiento tributario. LA NACION