Los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, así como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Policía y hasta la propia Senad, entre otras instituciones del Estado, habrían facilitado la consolidación del esquema de tráfico internacional de armas que supuestamente dirigía el empresario importador Carlos Federico León Ocampos (49), detenido como responsable del arsenal clandestino confiscado en una vivienda del barrio Villa Aurelia de Asunción.
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Los poderosos fusiles antiaéreos, las ametralladoras, escopetas y pistolas, así como la impresionante cantidad de proyectiles, explosivos y elementos tácticos que fueron hallados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), formarían parte de la interminable cantidad de armamentos de remanente con los que el supuesto empresario se quedaba después de cada operación de importación que realizaba para las instituciones del Estado, que le adjudicaban las licitaciones para la provisión de equipos de seguridad.
El ahora considerado como el mayor arsenal clandestino jamás requisado en el país fue descubierto entre el miércoles de tarde y ayer de mañana en la casa ubicada en Rivarola Matto entre Mayor Pastore y Profesor Conradi, a dos cuadras de la avenida Boggiani, donde fue detenido el encargado de la guarida, Víctor Hugo Sebastián Ferreira Olmedo (24).
Su supuesto jefe, Carlos Federico León Ocampos, dueño de la firma Comtecpar SA y quien ya estuvo preso hace 15 años en Bolivia, justamente por tráfico de armas, se embolsó entre el 2009 y el 2014 un total de G. 41.802.061.200, equivalentes a más de US$ 7. 280.000, al ser adjudicado por el Estado en casi 30 licitaciones para la provisión de armamentos, proyectiles y otros equipos de seguridad y accesorios.
Las instituciones estatales que acaparaba esta empresa son, por ejemplo, los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, así como la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, el Regimiento Escolta Presidencial y la misma Senad.
Carlos León también era proveedor de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, entre otros.
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De contrabando
Estas instituciones facilitaban indirectamente la consolidación del esquema de tráfico de armas presuntamente dirigido por Carlos Federico León Ocampos, al omitir los controles sobre el proceso de adjudicación, de importación y de entrega de los equipos de seguridad solicitados.
Uno de los casos más sonados descubiertos se dio en la Corte Suprema de Justicia, que en el 2010 adjudicó a Comtecpar la provisión de 3.000 proyectiles calibre 5.56 y 15 fusiles, entre otros materiales bélicos, por un total de más de G. 700 millones.
Sin embargo, la firma importó 12.500 balas y 20 fusiles de asalto, es decir, 9.500 municiones más y cinco fusiles más que lo que le adjudicó la Corte.
El remanente de armas y proyectiles habría sido comercializado a civiles e inclusive enviado al exterior. Algunas de las balas, también, terminaron en negocios particulares de venta de armas y municiones.
Lo que los investigadores creen es que con cada licitación ganada, Carlos León aprovechaba para acumular más armamento para revenderlo en el mercado negro.
Fiscala pide prórroga
La fiscala Lorena Ledesma pidió prórroga de 24 horas para presentar imputación contra Carlos León, una mujer cuya identidad no proporcionaron las autoridades y Víctor Hugo Ferreira.
Los tres están detenidos en la sede de la Senad. Paralelamente, León soporta una investigación por tráfico de armas a cargo de la fiscala Sandra Quiñónez. Los antecedentes revelan que Rubén González Peralta denunció en febrero 2013 ante la Corte que municiones calibre 5.56 importadas a nombre del alto tribunal se vendían a particulares. Implicó a su exsocio comercial Carlos León.
JTP/ centro de noticias Oasis
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Red de tráfico de armas con un blindaje estatal
