Sin mucho ruido mediático, el 30 de julio pasado, ingresó al Congreso el proyecto que “favorece la inclusión financiera y establece medidas para la protección de ahorristas” de los diputados Sebastián García y Justo Zacarías.
En la práctica, implica el derecho a todo ciudadano paraguayo en contar con una cuenta bancaria gratuita para las operaciones públicas y privadas que requiera y, así apoyar la inclusión financiera.
Actualmente, algunas entidades bancarias, especialmente las que apuntan a particulares de menores ingresos, ya disponibiliza la apertura de caja de ahorro sin cobrar comisiones. Sin embargo, otras exigen más documentaciones y mantener ciertos niveles de ahorro, aparte de cobrar comisión por expedición de tarjetas y otros trámites que fácilmente pueden superar los G. 200.000.
Es importante resaltar que el contar con cuenta bancaria, a parte de facilitar transacciones (más aún en tiempos de Covid-19, dónde los pagos on line son cada vez más comunes), ayuda a formalizar a la economía abriendo puertas al mercado crediticio formal para los usuarios.
“La inclusión financiera es el camino a la formalización, prosperidad económica y salida de la pobreza, es decir, la gente que accede al sistema formal genera trazabilidad e historial crediticio. Esto ayuda a los créditos formales para dejar de depender de los usureros; este proyecto ya es con miras a la recuperación económica”, puntualizó al respecto el Diputado Sebastián García.
EN CONTEXTO
Según los Indicadores de Datos Bancarización (IDB) del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre del primer trimestre existían 2,7 millones de cuentas de ahorro a la vista (la gran mayoría para cobro de salarios).
El fuerte crecimiento de los corresponsales no bancarios -ya son más de 5.500 unidades de atención en la actualidad- está ayudando a elevar los niveles de bancarización, acercando servicios financieros a más personas, pero todavía existe un gran margen para elevar el porcentaje de inclusión financiera.
Según Global Findex del Banco Mundial (2019), sólo el 31,1% de la población paraguaya tiene una cuenta bancaria y apenas el 7%, una tarjeta de crédito, lo cual coloca a Paraguay entre los países que más deben avanzar en este sentido.
NO IMPORTA LA DEUDA
En la exposición de motivos, los proyectistas refieren que las operaciones bancarias prevén la posibilidad que los pagos se puedan realizar a través de un sistema de red electrónica, como una forma de prevención de robos y también para evitar riesgos con el transporte de dinero en efectivo.
Señalan que en las condiciones actuales existen ciertas limitaciones para que el ciudadano pueda acceder a una cuenta bancaria o a una caja de ahorros, como consecuencia de la existencia de deudas impagas, falta de trabajo, de domicilio fijo y otros inconvenientes que afectan, verdaderamente, a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, la normativa se respalda en un precepto constitucional, que en su Art. 107, establece que “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”.
“Enmarcados en este punto, este proyecto de ley pretende arbitrar y establecer las reglas necesarias para que todo ciudadano paraguayo pueda ser incluido, efectivamente, en el sistema financiero”, expresa el documento.
El derecho se extiende, siempre según el proyecto, a las personas que hayan sido declaradas judicialmente como inhabilitadas para operar en cuenta corriente y en general, a todas aquellas personas que registren alguna deuda con terceros, no siendo ello obstáculo para la apertura.
SERVICIOS
Igualmente, establece que las cuentas bancarias gratuitas deberán permitir como mínimo el depósito, la extracción de dinero, pago de servicios públicos y las actividades autorizadas por el Sistema Nacional de Pagos del Paraguay (SIPAP), pero faculta al Banco Central del Paraguay a establecer costos operativos para el mantenimiento de servicios adicionales de la cuenta bancaria gratuita por medio de resoluciones generales y particulares, así como a la reglamentación de la presente ley para su implementación efectiva.
Esta iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros Legislación y Codificación para su respectivo estudio. 5DIAS