La Asofem pide saber cómo es que un funcionario adicto y con antecedentes fue nombrado funcionario judicial. El interventor de la Superintendencia, Mario Elizeche, aclaró que tenía dos sumarios.
En nota remitida a la presidencia del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, Bertha Ávalos, la Asociación Femenina de Profesionales del Derecho del Paraguay (Asofem) pidió una serie de informes sobre las denuncias presentadas contra Willian Miguel Scapppini Villalba y su nombramiento como funcionario judicial.
El imputado como autor del crimen de la jueza en lo Civil y Comercial, Diana Evelyn Mereles, fue personal contratado y nombrado recientemente del Poder Judicial. Se desempeñaba como uno de los encargados de dar seguridad a la jueza, a quien mató a golpes, según la Fiscalía.
Por su parte, Mario Elizeche, interventor de la Superintendencia de Justicia, explicó ayer que el guardia imputado tuvo dos sumarios. Uno por llegada tardía y otro por el supuesto hurto, donde tuvo una salida procesal alternativa ante un juzgado, con lo que en el sumario fuentes judiciales dicen que pidieron solo una multa para el mismo.
PEDIDO. La Asofem, en su nota firmada por su presidenta Zully Diana Villalba, y la secretaria, Gladys Liliana González, dice que no se quedarán con los brazos cruzados por el hecho.
Requieren la identificación de los miembros del Consejo de Administración que ejercieron funciones en la Circunscripción Judicial local entre los años 2017 al 2020.
Según dicen, en el 2017, el entonces juez en lo Civil de Hernandarias, Roberto Líder Macoritto Caje, había denunciado al guardia Miguel Scappini Villalba, por la pérdida o hurto de un expediente judicial.
En su antecedente aparece un caso de hurto en grado de tentativa del 10 de abril del 2017. Un año después, el Consejo de Administración otorgó una licencia al guardia Scappini para seguir un tratamiento de desintoxicación y fue readmitido en el 2019, según el pedido de informe.
La Asofem también requirió datos sobre sumarios contra Scappini Villalba y un informe completo del personal que se desempeña como jefe de seguridad en el Juzgado de Hernandarias entre el 2017 al 2020. Se trata del funcionario Pedro Antonio Scappini, padre del supuesto homicida. Este dijo públicamente que trajo a trabajar ahí a su hijo, quien supuestamente ya había dejado de consumir crac.
En el mismo pedido también solicitan la copia de la nómina de funcionarios en la que se propone el nombramiento de Scappini Villalba, que fuera tramitado por la presidencia o el Consejo de Administración, y en especial la resolución que le nombró.
Dos imputados más en la causa
La fiscala Natalia Montanía imputó ayer y pidió la prisión preventiva para María Antonia Fernández Morel (19), por omisión de aviso de un hecho punible, quien se encontraba en el edificio del Juzgado cuando mataron a la jueza.
La representante de la sociedad también imputó a un menor de 16 años por frustración de la persecución y ejecución penal, porque limpió el teléfono celular de Wilson Scappini, para borrar la localización de este, a pedido de Fernández Morel, según la imputación.
La fiscala dice que Fernández Morel prestaba servicios sexuales a Scappini en el sanitario del Juzgado cuando este fue llamado por la jueza.
