La corrupción funciona en el Paraguay como una gran pirámide

La corrupción funciona en el Paraguay como una gran pirámide
Por Edwin Brítez

La corrupción es un sistema que opera especialmente en torno a la estructura del Estado en forma de una pirámide: en la base se encuentran los funcionarios con pequeñas atribuciones que se conforman con muy poco mientras que en el vértice superior está la persona que tiene la última palabra para los grandes negociados y el sostenimiento del sistema prebendario, clientelar y nepotista.

CORRUPCIÓN POLÍTICA
1. Aprovecharse de la burocracia: Funcionarios comunes

En la base misma de la pirámide se encuentran los funcionarios comunes, que incluyen a: zorros grises, soldaditos de frontera, guardias de barreras, secretarios de audiencias, mesas de entrada, turnos, cuidadores de archivo, cajeros de peajes, entre otros.

En esta categoría, las personas con funciones públicas se aprovechan del fastidio que provoca la burocracia y la impaciencia de los ciudadanos con relación a largas y tediosas gestiones, esperas y desinterés de los funcionarios en las necesidades de la gente.

Los funcionarios reciben coimas para acelerar las gestiones o para evitar que les inventen faltas u otro tipo de transgresiones. En ocasiones, estas personas se conforman con un regalito o con un poco de dinero cuyo monto es establecido “a voluntad” por el “donante”.

2. El poder de la amenaza: Dictaminadores

El siguiente peldaño de la pirámide está ocupado por los dictaminadores, que generalmente son los: asesores jurídicos de las instituciones, que amoldan sus informes a la medida de quienes están dispuestos a pagar buen dinero; los supervisores que dejan de ver las irregularidades las cuestiones que son objeto de su trabajo, y fiscalizadores que tampoco ven los trabajos mal hechos o que simplemente no se hicieron a cambio de buena paga.

3. La capacidad del “apriete”: Los jefes

Por encima de los funcionarios comunes y los dictaminadores están los Directores, Gerentes y Administradores que dan las orientaciones políticas a los dictaminadores para favorecer a determinadas personas, empresas o grupos, en consonancia con las directivas generales de sus superiores, sacando ventajas a expensas de los contribuyentes. En este nivel se producen los “aprietes”, generalmente con borradores de dictámenes, que luego son cambiados o confirmados, de acuerdo con el “incentivo”.

4. La capacidad de hacer licitaciones a la medida: Los técnicos

Un peldaño más arriba están los técnicos que además de responder al criterio de la “superioridad” conocen todos los trucos, las triquiñuelas y engaños para ajustar los términos de las licitaciones y contratos a quienes deben ganar el llamado a concurso, según previo acuerdo con “los de arriba”. Se refugian en un supuesto “perfil no político sino técnico”.

5. La ventaja corporativa: Tomadores de decisiones

Son los miembros de Consejos, Comisiones Legislativas y otros cuerpos colegiados, como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, juntas municipales, juntas departamentales. Estos organismos, teóricamente, deciden lo que deben ejecutar los ordenadores de gastos, pero muchas veces sucede al revés, que los ordenadores de gastos deciden y ejecutan al mismo tiempo. Se protegen entre todos.

6. El poder del cheque: Ordenadores de gastos

Por encima de los jefes (gerentes, administradores y directores de secciones) se encuentran los ordenadores de gastos que son los ministros, gobernadores, intendentes, presidentes de entes estatales, etc. Estas personas tienen el poder de firmar los cheques, y por ende saben muy bien a quiénes beneficia con ello, lo que les brinda la oportunidad de concretar la coima. En caso de duda, el cheque demora en salir para tener “derecho” a descontar su parte.

7. El poder de la fuerza: Policía

La Policía Nacional al igual que la Patrulla Caminera tienen el poder de la fuerza, lo que permite recaudar de dos maneras: 1. El personal de inferior categoría se conforma con una coima mediante el “apriete” en el terreno. 2. Los jefes tienen la oportunidad de planear coberturas y protección a cambio de buenas pagas, aprovechándose de la inseguridad y violencia reinantes.

8. El poder de la investigación: Fiscales

Los fiscales tienen doble poder: investigar y producir acusaciones, con lo cual obtienen la ventaja de arrinconar a las “víctimas”. Si a ello se agrega una articulación con la policía para reunir o desaparecer pruebas, el combo de la corrupción es fatal para las víctimas.

9. El poder de condenar o perdonar: Jueces y tribunales

Los jueces y tribunales tienen prácticamente la última palabra en los pleitos judiciales, siempre y cuando estos fuesen de bajo calibre. Depende de los bufetes de abogados y de los padrinos políticos para que las condenas tengan tal o cual dirección. Cuando los casos son muy importantes, las cuestiones se deciden en instancias más elevadas, pero jueces y tribunales reciben su parte por hacer el trabajo sucio.

10. El poder de definir o cajonear: Ministros de la Corte

La Corte Suprema de Justicia es la institución que garantiza la impunidad, en especial de la corrupción política. Sus miembros tienen el poder de beneficiar a los amigos, cajoneando por tiempo indeterminado los casos que involucran a actores políticos con influencias, o de poner término a los procesos confirmando las condenas a los enemigos.

11. El poder de la influencia: La rosca presidencial

El poder de las personas que integran el primer anillo presidencial consiste en permanecer cerca del Presidente de la República y en la posibilidad que tienen de hablarle al oído, en el tiempo y en el lugar oportuno y correcto.

Son los que más influyen en la decisión que toma el número uno, sobre las más diversas cuestiones del Estado en las cuales existe la posibilidad de sacar una tajada a las arcas. Es el poder detrás del poder.

12. El poder de la última palabra: Poder Ejecutivo

El Presidente de la República toma las decisiones más importantes para el funcionamiento de la maquinaria del Estado y es el que mejor conoce los grandes intereses en juego, razón por la cual decide a quiénes castigar y a quiénes premiar en materia de negocios, beneficios y privilegios. La tajada más relevante se queda en el Palacio de Gobierno, aun cuando deba repartir las “ganancias”.

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