Los indígenas yshir que habitan el Pantanal, en el Chaco paraguayo, luchan desde hace décadas por obtener los títulos de los territorios en donde forjaron su historia como pueblo. Sin embargo, la inoperancia estatal dejó a comunidades enteras como Puerto Pollo y Puerto Ramos en el desamparo jurídico y ante serias amenazas de perder sus tierras.
“Ahora todo está prohibido, ya no podemos entrar porque nos dicen que es privado”, dice Marcial Pérez, uno de los pocos indígenas que todavía vive en Puerto Pollo, explicando una de las razones por las cuales ya no puede cazar en la tierra en que nació. Es jueves de la última semana de agosto y en Puerto Pollo, la vida es monotonía verde. Las aguas del río Paraguay dan una sensación de frescura a esta tarde que decididamente se puso gris, mientras Marcial Pérez nos recibe en su modesta casa.
Aquí la cacería es el sustento principal de las familias, además de una tradición yshir, el pueblo indígena –conocido también como chamacoco– al que pertenece Puerto Pollo. Esta comunidad está afincada en Bahía Negra, a unos 830 kilómetros de Asunción, en el departamento de Alto Paraguay, pleno corazón del Pantanal paraguayo.
Cuando Marcial Pérez tenía 15 años, en esta zona se cazaba casi con normalidad. Las 915 hectáreas que hacen a Puerto Pollo en ese entonces eran de los yshir. Hoy, Marcial Pérez –un hombre de caminar lento, las largas canas le salen por debajo del sombrero piri, la piel curtida por el sol– tiene más de 50 años y dice que todo cambió. “Ahora nos dicen que es propiedad privada”, remata.
Las comunidades de Puerto Diana, Puerto Pollo, Puerto Esperanza, 14 de Mayo –o Karcha Bahlut– y Puerto Ramos (aunque aquí ya no vive ninguna familia) conforman lo que se llama “La Nación Yshir” de Bahía Negra. Una asociación que busca principalmente cuidar de sus tierras y mantener la tradición yshir. Para los habitantes de esta nación, la propiedad privada era una definición que no representaba más que dos palabras combinadas, pero pasó a convertirse en una dura amenaza cuando empezaron a perder sus tierras.
Los yshir no podían comprender cómo en nombre de la propiedad privada se podía cercar hectáreas y hectáreas de un territorio que para ellos siempre fue libre y de sus antepasados. No podían entender cómo fue que gente ajena a su pueblo empezó a arrancarle gran parte de una tierra en la que sus antepasados forjaron su propia identidad hace ya más de 500 años y que para ellos, más que su hábitat, representa su propia cultura, su vida misma.
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La casa donde vive Marcial Pérez con su señora Leonora está hecha con postes de karanda’y –una planta típica de la zona que significa “palmera de agua”– y el techo de zinc. Es una vivienda pequeña, no tiene mucha ventilación y entra poca luz desde afuera.
A escasos metros, también en una modesta casa, vive Serafín Escobar y Hemeteria Cotán. Serafín es el líder de la comunidad de Puerto Pollo, que prácticamente ya no tiene más habitantes que estas dos familias. Según los registros de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), en Puerto Pollo viven 7 familias. Cuando el equipo de La Nación llegó al lugar, solamente estaban las familias de Pérez y Escobar.
Marcial Pérez, en su patio de la comunidad de Puerto Pollo. Marcial Pérez, en su patio de la comunidad de Puerto Pollo.
Años atrás, sin embargo, la historia era diferente. En Puerto Pollo vivían decenas de familias yshir, pero desde que la titulación de tierras empezó a generar conflictos, casi todas decidieron migrar. Muchas se fueron a Puerto Diana, una de las comunidades más grandes y que está cerca de Puerto Pollo, pero otras partieron a destinos diferentes.
Según datos que maneja la Dirección Nacional de Catastro, la comunidad de Puerto Pollo, que está a un par de kilómetros de Puerto Diana, tiene 915 hectáreas. Los yshir vivieron en esas tierras desde hace siglos. Fueron los ancestros de Serafín Escobar, de Hemeteria Cotán, de Marcial Pérez quienes habitaron el lugar y transmitieron a las generaciones siguientes sus costumbres y creencias.
Una de ellas tiene que ver con mantener siempre en alto la figura de Capitán Pintura, el máximo referente al que lo tienen como héroe en la Nación Yshir. Capitán Pintura – conocido así porque iba con el cuerpo pintado para cada contienda – fue un indígena de la comunidad que peleó con las tropas paraguayas en la Guerra del Chaco contra Bolivia. Según lo que cuenta el líder Serafín, Capitán Pintura fue un guía espiritual y sobre todo, gracias a su conocimiento de terreno, ayudó a que los soldados paraguayos puedan obtener agua y alimentos provenientes de la naturaleza, lo que les sirvió para soportar las altas temperaturas chaqueñas y sobrevivir en las zonas inhóspitas.
– “El Capitán Pintura peleó por estas tierras, para nosotros es demasiado importante seguir viviendo acá, porque es nuestro territorio, nosotros formamos parte de estos bosques, de estas aguas” reflexiona Serafín.
La situación de Puerto Pollo refleja la desidia estatal con respecto a la conservación de las tierras ancestrales. A pesar de ser un territorio históricamente habitado por los yshir, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dispone de unos documentos en donde aparece como propietario de al menos 835 hectáreas de esta zona, un ganadero llamado Blas Roque Gadea Martínez.
Pero en la comunidad y en los alrededores nadie habla de Gadea, como propietario de las tierras en litigio, sino identifican a un brasileño como el verdadero dueño. Se trata de Joao Vieira de Medeiros Neto, el legítimo apoderado de las tierras y a quien en Puerto Pollo y Diana lo reconocen como el invasor de sus tierras.
En los registros de la entonces Secretaría del Ambiente (Seam) –ahora ministerio– figura otra documentación, del 2013, en la que aparecen Gadea Martínez y Medeiros Neto como propietarios de las 835 hectáreas en Bahía Negra. Es un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) que tiene el padrón Nº 468 con Matrícula Nº 58R02. El documento solicita a la Seam que habilite este predio para la explotación ganadera. La inversión que harían los dueños es de 350 mil dólares en dicho proyecto, según se puede ver en el documento. En ninguna parte del relatorio se menciona la comunidad indígena que vive hace años en el terreno.
“Para nosotros fue una verdadera sorpresa enterarnos de que había una empresa que pidió hacer un estudio de impacto ambiental para explotación ganadera. Eso fue tan grave, fue tan violento, que se haya autorizado una licencia o estudiado siquiera con familias indígenas viviendo allí” reflexiona Maximiliano Mendieta, un abogado especializado en derechos de pueblos indígenas y que durante años trabajó por la reivindicación de las comunidades con la Organización Tierra Viva, prácticamente la única entidad –gubernamental y no– que defiende la situación de los indígenas yshir hace años.
Para Mendieta, lo que sucede con Puerto Pollo no es más que otro de los tantos atropellos de los que fue testigo, que cometen las instituciones estatales en contra de los pueblos indígenas. Actualmente, la situación está en un limbo judicial, ya que existen medidas jurídicas en las que intervinieron los líderes de la comunidad de Puerto Pollo –con el acompañamiento de la ONG– mediante los cuales se prohibieron, al menos, cualquier tipo de trabajo en las propiedades en litigio. No es todo, pero es algo.
En Puerto Pollo viven pocas familias. El problema de titulación de tierras hizo que muchas migraran. En Puerto Pollo viven pocas familias. El problema de titulación de tierras hizo que muchas migraran.
El Instituto del Indígena (Indi) también intervino ante la Justicia, lo que ayudó a que la cuestión de la licencia ambiental finalmente no corra, al menos hasta ahora. Sin embargo, la titulación de la tierra, que es punto principal para Puerto Pollo y las poblaciones indígenas, está en la nada. Mientras, el territorio ancestral se va quedando sin habitantes.
Cynthia Rolón, del departamento de gestión judicial del Indi, es prácticamente la única funcionaria de esta institución que atiende los procesos judiciales que involucran comunidades indígenas del Chaco. Con relación a Puerto Pollo, dice que lo más probable es que el Indi inicie un juicio nuevo en otro juzgado sobre este caso, atendiendo que la primera medida mediante la cual se solicitó el reconocimiento de la propiedad a favor de la nación yshir fue rechazada.
–“En Puerto Pollo tenemos un interdicto de posesión que se presentó en agosto del 2017. Con este interdicto, se pidió oficios al Indert y a la Seam sobre esos bloques territoriales en relación a esa propiedad, principalmente sobre la titulación. Esos oficios esperan las respuestas correspondientes”, dice Rolón.
Una vez que tenga estas documentaciones, el Indi buscará entablar otro juicio para lograr la restitución de las hectáreas a favor de la comunidad indígena y que también reclama el ganadero. Esto debido a que la primera demanda fue rechazada por el juzgado ante la falta de documentación original que acredite la legalidad de las tierras a favor de los yshir.
El proceso judicial, como se puede notar, todavía será será largo y tedioso.
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De las cinco comunidades indígenas que forman parte del pueblo Yshir en Bahía Negra –hay otras tres en Fuerte Olimpo y una en Luque, en Central–, cuatro tienen algún problema con sus tierras. El año pasado, en la zona conocida como Dos Estrellas, que está en el límite de Puerto Diana con estancias privadas, un ganadero del lugar decidió abrir un camino con el fin de que se pueda llegar a su estancia.
Marciano Barboza, uno de los líderes de Puerto Diana, cuenta que para abrir dicho trayecto, se tuvo que derribar decenas de árboles, muchos de ellos nativos, además de que el lugar es una zona considerada sagrada, ya que está cerca del cementerio en donde están enterrados sus ancestros.
– “Atropellaron, entraron a nuestro territorio en una parte que es sagrada. Nosotros además queremos cuidar nuestro lugar, queremos mantener nuestros bosques, para nosotros es eso, porque representa mucho para nuestro pueblo mantener los bosques, lo poco que nos queda” – dice Barboza.
El caso ameritó una denuncia ante la fiscalía, cuya dirección étnica intervino. La situación fue compleja, ya que en su defensa, el ganadero que abrió el camino en cuestión, dijo que él tuvo la autorización de uno de los líderes de la comunidad de Puerto Diana para hacer el trabajo, pero que después otros indígenas se negaron, cuando los tractores ya estaban operando.
Pero existen otros elementos en este caso. Por ejemplo, la Municipalidad de Bahía Negra no recibió ninguna solicitud para esa obra y mucho menos la Gobernación de Alto Paraguay. El hecho derivó en una reunión entre el INDI, la SEAM y la municipalidad local, con el fin de buscar solucionar el conflicto. De esta reunión a este tiempo, pasaron meses. Nunca se avanzó en el tema.
La otra comunidad que tiene un problema de invasión es Puerto Esperanza. Ubicada a unos 20 kilómetros de Puerto Diana, aquí viven 85 familias en una superficie de 21.330 hectáreas. A pesar de que este territorio está legalmente establecido y tiene título a nombre de la comunidad, desde hace unos 20 años perdió casi 2.000 hectáreas, que fue cercada por un ganadero de la zona, que según las versiones, es también el brasileño Medeiros Neto.
– “En el caso de Puerto Esperanza, esa gente ya no puede esperar más. Se tiene que hacer una mensura judicial, se tiene que establecer de vuelta cuáles son los territorios originarios y que las tierras vuelvan a manos de los indígenas, tal como figura en los propios títulos de propiedad” expone Maximiliano Mendieta.
Años atrás, Puerto Pollo fue una comunidad habitada por decenas de familias yshir, hoy está casi vacía. Años atrás, Puerto Pollo fue una comunidad habitada por decenas de familias yshir, hoy está casi vacía.
Puerto Ramos, que en Yshir se llama “Eshmá” y significa abundancia, está ubicado a unos pocos kilómetros de Puerto Diana y con más de 8.500 hectáreas, es otra comunidad que lleva un proceso judicial de reconocimiento territorial a favor del pueblo yshir, pero cuyo proceso sigue estancado. La empresa que reclama gran parte de este territorio es “ParaVerde SRL”, que tiene como propietario a un ciudadano de nombre Mostafa Arpaci, pero a quien los indígenas identifican simplemente como “El turco”.
“Este juicio se inició en el 2015 a los efectos de asegurar ese bloque territorial y que se puedan inscribir las medidas en el registro público, con el objetivo de evitar una compra venta o transacción. También la medida fue de no innovar, con el objetivo de paralizar cualquier proyecto que tenían en la empresa para trabajar esas tierras”, explica Cynthia Rolón, del Indi.
En el caso Puerto Ramos, la primera sentencia salió a favor de los yshir, pero la empresa apeló este fallo. Actualmente, el proceso está para definirse en la Cámara de Apelaciones, que debe sacar un acuerdo y sentencia sobre la apelación planteada por ParaVerde SRL.
Mientras la justicia tarda, la cuestión es tensa en la zona de litigio. Los trabajadores de “El turco” no tienen problemas en disparar tiros al aire si ven que hay indígenas ingresando al territorio que reclama el empresario.
Al igual que Puerto Esperanza, otras comunidades de la nación yshir pero que son de Fuerte Olimpo, Virgen Santísima y Abundancia, también están en proceso de solicitar medidas cautelares por sus tierras. El objetivo es asegurar que terceros no puedan intervenir en sus territorios, dice Cynthia Rolón, del Indi. No es una solución definitiva, pero es lo que se tiene hasta ahora.
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Don Serafín recorre su patio con una hondita en la mano. Tiene varios bodoques de barro arcilloso en una latita de aluminio y por la cintura, cruzada por la espalda, una navaja bien afilada en su estuche que prácticamente es parte de su vestuario. Su kepis negro tiene la insignia del Club Guaraní. Sus pantalones de color negro gastados y sus zapatos viejos cargados de polvo gris.
Serafín Escobar y Hemeteria Cotan, una de las pocas familias que viven en Puerto Pollo. Serafín Escobar y Hemeteria Cotan, una de las pocas familias que viven en Puerto Pollo.
El líder de Puerto Pollo dice que la hondita y sus bodoques son su herramienta de cacería, ya que por la zona se puede encontrar todavía, algunas veces, algún que otro animal silvestre pequeño. Si tiene más suerte, sus “armas” tal vez puedan servir para alcanzar a uno de los patos silvestres que suelen refrescarse entre los camalotes, a la orilla del río Paraguay.
Las canas de Hemeteria bailan con el viento. Tiene las manos muy arrugadas y su vestido verde hace juego con el color que predomina en el ambiente. Se expresa en guaraní y castellano, además de dominar su idioma nativo yshir. Hemeteria baña a su nieto en las aguas del río todas las tardes, mientras espera que don Serafín pueda conseguir algo para la cena.
– “Casi ya no tenemos caranday grande como para hacer pantallas o como para hacer otras artesanías, pero seguimos trabajando en pequeñas pantallas con las hojas de los árboles más pequeños que todavía podemos utilizar” comenta Hemeteria.
Al igual que su esposo, Hemeteria nació y creció en este pueblo. A ella le resulta extraña la situación de que alguien se diga dueño de la tierra por medio de un documento, cuando que los únicos que habitaron el lugar siempre fueron ellos.
“Aquí vivieron mis antepasados, por estas tierras peleó el Capitán Pintura, este es nuestro pueblo”, dice Serafín en su idioma.
Serafín siente que puede ser el último líder de la comunidad de Puerto Pollo, pero hace resistencia y se niega a abandonar el lugar en donde están enterrados sus antepasados y en donde él quiere quedarse enterrado cuando muera.
Esta publicación participa de la segunda edición del Premio Pablo Medina de Periodismo Ambiental, que organizan el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep) y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en el marco del proyecto Pantanal-Chaco (PaCha), con el apoyo de The International Union for Conservation of Nature (IUCN).
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