Ataque en la Junta Departamental de Caazapá habría sido “un gran teatro”

El ataque a tiros en la sede de la Junta Departamental de Caazapá, ocurrido el jueves último, habría sido en realidad “un gran teatro” montado por un cuestionado concejal para incriminar a un comerciante que lo había denunciado por secuestro y tortura y, de paso, para deshacerse de su eterno adversario político, con quien también se acusan mutuamente de intento de homicidio. ABC 11 DE AGOSTO DE 2019 – 01:00 Previous

El concejal departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón (en silla de ruedas) con su secretario y guardaespaldas Hugo Arsenio Villar Sotelo, quien a su vez fue detenido por el ataque a tiros ocurrido el jueves último en la Gobernación del Sexto Departamento.
El concejal departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón (en silla de ruedas) con su secretario y guardaespaldas Hugo Arsenio Villar Sotelo, quien a su vez fue detenido por el ataque a tiros ocurrido el jueves último en la Gobernación del Sexto Departamento.
Liz Mariela Domínguez González, detenida.
Liz Mariela Domínguez González, detenida.
Una de las camionetas acribilladas  por los sicarios en Caazapá.
Una de las camionetas acribilladas por los sicarios en Caazapá.

 Next

Al final, el concejal departamental colorado Benjamín Adaro Monzón (54 años), quien inicialmente fue mencionado como uno de los objetivos del atentado, en realidad sería el que planeó el ataque a tiros que perpetraron tres criminales con acento portugués que tomaron la Gobernación de Caazapá justo antes del inicio de la sesión de la Junta Departamental.

Al menos esa la hipótesis más sólida sobre la cual trabajan la Policía y la Fiscalía, con base en los últimos elementos reunidos como evidencia.

Benjamín Adaro Monzón es un exjuez y varias veces postulante a la Intendencia de Yuty, además de ser uno de los hombres más acaudalados en su municipio, que queda a 60 kilómetros de la ciudad de Caazapá, capital del departamento que lleva el mismo nombre.

Los criminales que atacaron la Junta Departamental de Caazapá, supuestamente, dijeron que tenían la misión de matar a Benjamín Adaro Monzón y al gobernador Pedro Alejandro Díaz Verón (45), ambos de la ANR.

Los delincuentes, además de tomar de rehenes a los concejales departamentales que ya habían llegado para la sesión, acribillaron dos camionetas que estaban estacionadas en el predio, idénticas a la que usa el principal enemigo político de Benjamín Adaro Monzón, el exintendente de Yuty y actual concejal departamental por el Partido Liberal, Nelson Javier Vera Villar (55), por lo que se pensó que el mismo también podría haber sido otro blanco de los matones.

Sin embargo, ni Adaro ni Vera habían llegado aún a la Gobernación cuando ocurrió el tiroteo. El gobernador, en tanto, se sabía de antemano que ese día no iba a estar en su despacho.

De este modo, se desató una gran confusión porque los sicarios que en teoría son profesionales iniciaron el ataque en ausencia de sus supuestos objetivos. Además, llamativamente dejaron varias evidencias rastreables.

Celular “olvidado”

El indicio de partida fue el celular que aparentemente dejaron a propósito los sicarios en la escena del tiroteo, justamente como para que fuera encontrado y peritado.

En el teléfono se encontraron mensajes enviados por los atacantes únicamente al número de un comerciante del Sexto Departamento, Jorge Baeza (55), quien prácticamente figuraba como el único contacto registrado en el aparato.

Un texto enviado por los fusileros desde el baño en el cual estaban escondidos dentro de la Gobernación decía algo así como: “Ya estamos adentro. Pasamos a cobrar el sábado”.

Así, el primero que surgió como el posible mandante del ataque fue justamente Jorge Baeza.

Sin embargo, cuando se investigó el origen del celular que fue “olvidado” por los sicarios, las autoridades detectaron que el número está registrado a nombre de Liz Mariela Domínguez González (21), una joven yuteña, actualmente presa, que trabajaba como playera en la estación de servicios del concejal departamental Benjamín Adaro Monzón.

El concubino de Liz Mariela, Eufrasio Mereles (54), quien también trabaja para el mismo político colorado, dijo que no sabía cómo es que el teléfono de su pareja terminó en poder de los sicarios.

El segundo detenido relacionado con el celular, Hugo Arsenio Villar Sotelo (33), coincidentemente, también trabaja para Benjamín Adaro Monzón, como una especie de secretario y guardaespaldas.

De hecho, Hugo Arsenio ya había sido arrestado por la Policía y la Fiscalía, el 3 de julio de 2017, precisamente con su jefe Benjamín Adaro Monzón. Fue en un allanamiento a la residencia de este último, en Yuty, encabezado por el fiscal antisecuestro Javier Ibarra.

Secuestro y tortura

Aquel procedimiento se hizo luego de una denuncia del comerciante local Jorge Baeza, destinatario de los mensajes de los sicarios que atacaron la Junta Departamental hace tres días.

Jorge Baeza aseguró haber sido secuestrado y torturado por Benjamín Adaro Monzón y sus guardaespaldas para que entregara dinero, transfiriera algunas propiedades y hasta vehículos al grupo que lo mantuvo cautivo.

Supuestamente, Benjamín Adaro Monzón culpaba a Jorge Baeza de haber cooperado con su rival político Nelson Javier Vera Villar para el financiamiento, la planificación y la ejecución del atentado a tiros que sufrió el primero de los citados el 27 de julio de 2012, siempre en Yuty.

Los sicarios que cometieron la emboscada mataron a un docente que viajaba como acompañante en el vehículo de Benjamín Adaro Monzón y dejaron en silla de ruedas a este último.

La réplica

Además de la rivalidad política, Benjamín Adaro Monzón y Nelson Javier Vera Villar tienen en común que ambos sufrieron atentados y que se culpan mutuamente de haberlos ordenado.

Luego del ataque del 2012 que dejó postrado al colorado Benjamín Adaro Monzón, su enemigo liberal Nelson Javier Vera Villar también sufrió un atentado idéntico, el 1 de noviembre de 2015, cuando su camioneta blindada fue penetrada por las balas de fusil disparadas por sicarios que dejaron malherido a un policía que trabajaba como guardaespaldas del entonces candidato a intendente de Yuty.

Vera salió prácticamente ileso, pero enfáticamente siempre sostuvo que el mandante del ataque era Adaro, en represalia por el atentado que este sufrió tres años antes.

Conclusión preliminar

Entonces, con todos estos elementos en consideración, la Policía y la Fiscalía apuntan a que fue Benjamín Adaro Monzón quien orquestó el ataque en la Gobernación, específicamente en la sala de sesiones de la Junta Departamental, presuntamente para incriminar al comerciante que lo denunció Jorge Baeza y, de paso, para eliminar a su rival político Nelson Javier Vera Villar.

El hecho de que los matones hayan preguntado por el gobernador Pedro Alejandro Díaz Verón, sabiendo que este no se encontraría presente ese día, más bien habría sido una maniobra distractora.

Lo que ahora deben hacer las autoridades es conseguir más evidencias para sostener la teoría que cobra fuerza en la región.

Congeló su proceso

El concejal departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón (ANR), ahora apuntado como presunto ideólogo del ataque a tiros en la Gobernación, logró congelar un proceso penal por hechos punibles como violación de la ley de armas, coacción y reducción.

La causa se inició en 2017 cuando fue arrestado en su casa de Yuty en un allanamiento del fiscal Javier Ibarra.

El proceso, que se originó con la denuncia de secuestro, tortura y extorsión que hizo el comerciante Jorge Baeza, estuvo a punto de debatirse en juicio oral, pero los incidentes planteados por la defensa de Benjamín Adaro Monzón evitaron la diligencia.

Por ejemplo, recusaron al fiscal Javier Ibarra y ahora el caso debe ser reimpulsado por el fiscal Joel Cazal.

En teoría, se tiene que hacer de nuevo la audiencia preliminar para saber si el caso se eleva o no a juicio oral.

Uno de los elementos más contundentes contra Adaro es la prueba documental que fue encontrada en su casa y que fue “robada” del Juzgado a cargo de su amigo Waldemar Ortiz.

Se trataba de la evidencia que confirmaba que dos policías que trabajaban como guardaespaldas de Adaro participaron en un asesinato ocurrido en 2014. Obviamente, al desaparecer el documento, los agentes quedaron impunes, así como otro involucrado que los delató.

El juez Waldemar Ortiz, de hecho, fue quien inicialmente anuló el allanamiento que hizo el fiscal Ibarra en la casa de Adaro, aunque después la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo del magistrado amigo del concejal.