“Tenemos que aprender de Panamá”, afirmó la ministra María Epifanía González, de la Seprelad, analizando la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra Panamá, que reingresó a lista gris de países por lavado de dinero.
La ministra de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), que justamente se encuentra participando en el exterior de una plenaria de Gafi, indicó que aún no se espera eventuales sanciones contra Paraguay, ya que actualmente está en etapa de evaluación.
“Paraguay recién el año que viene será evaluado. Panamá fue evaluado hace más de un año”, especificó González a ABC Color, quien no obstante consideró que “es muy duro para Panamá” ese revés.
Cabe recordar que Panamá adecuó sus leyes y se sometió a la evaluación de Gafi, órgano internacional que evalúa los esfuerzos de los gobiernos para luchar contra crímenes financieros como el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, pero esto no alcanzó.
Por ello, la ministra de la Seprelad insistió en que “tenemos que aprender de Panamá” y abogó por dar prioridad al paquete de leyes “antilavado” que presentó el Ejecutivo al Congreso, que aguardan tratamiento ahí.
“Tener todas las leyes es básico”, insistió, apelando a que los legisladores traten el paquete de proyectos de ley para adecuar la legislación local a los estándares internacionales.
Algunos puntos ya fueron aprobados, como ser la creación de Juzgados especiales para delitos como el lavado de dinero y otros, la eliminación de elimina acciones al portador, aunque otros proyectos como la facultad para la creación de “listas negras” de terroristas y amenazas internas encontró cuestionamientos de algunos sectores.
Cabe recordar que Paraguay se somete a esta evaluación con una imagen desgastada debido al escándalo del caso Darío Messer, donde existen graves indicios que durante la gestión anterior del Gobierno de Horacio Cartes, se apañó al “hermano del alma” de HC, prófugo en Brasil y Paraguay, por lavado de dinero.
Una Comisión Especial del Congreso evidenció como desde los propios organismo de control del gobierno anterior se permitió que Messer opere desde Paraguay, presumiblemente lavando dinero del conocido caso de corrupción transnacional conocido como Lava Jato.
