Frontera

Cuenca de Itaipú perdió 237 mil ha., pese a la Ley de Deforestación Cero

Según estudio, pérdida de bosques apeligra vida útil de la represa y le costaría a la binacional USD 23 millones al año en dragado del río. Análisis muestra incumplimiento de legislación ambiental.

A pesar de la implementación de la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental desde el 2004, los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú han perdido un total de 237.900 hectáreas de bosques desde la vigencia de la norma hasta el 2017, según el análisis que arroja la plataforma de monitoreo mundial de bosques Global Forest Watch (GFW).

Estas dos regiones comprenden la cuenca de la represa Itaipú en el lado paraguayo, la cual está siendo atacada por el avance de la agroganadería, que penetra hasta en la propia franja de bosques de la binacional, como demostró esta investigación.

Los estudios científicos y los especialistas en la materia, así como los documentos de la propia Itaipú Binacional, señalan que esta situación está poniendo en peligro la vida útil de la represa, por los efectos que traen la sedimentación y los agroquímicos sobre las aguas del embalse.

ESTUDIO. Un informe de octubre del 2017 para el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) advierte de un posible costo de USD 23 millones anuales para Itaipú en dragado del río por causa de la deforestación y calculó un total de 31.000 hectáreas de áreas degradadas entre los años 2000 y 2010.

“Se perdieron 1,02 millones de hectáreas de bosques en toda la cuenca, y Paraguay mostró una mayor tasa de pérdida de bosques, en relación con la cubierta forestal de 2000. La cuenca perdió alrededor de 31.000 hectáreas de bosques en la parte de Paraguay, durante la década 2000-2010. Esto es cerca del 10% (9,62%) de los bosques perdidos en la sección de la cuenca de Itaipú en Paraguay. Esta pérdida es probablemente muy impactante para el reservorio, en términos de generación de sedimentos y transporte, debido a su proximidad”, señala el informe.

Este estudio fue elaborado por Leonardo Saenz, ingeniero ambiental graduado en la Universidad Tecnológica de Michigan.

“La pérdida de suelo y la generación de sedimentos pueden ser problemas importantes para la operación del embalse de la represa de Itaipú, especialmente debido a la reciente deforestación significativa en la parte de la cuenca del Paraguay”, señala Saenz.

El mismo señala que esto tendría un importante costo para la hidroeléctrica, ya que debería iniciar trabajos de dragado a causa de la sedimentación.

“El impacto económico para Itaipú de estos sedimentos adicionales, si fuera necesario dragar, podría ser del orden de millones de dólares. Nuestro análisis de sensibilidad señaló un rango de costos de dragado entre USD 7,7 millones a USD 23 millones al año, dependiendo del costo de dragado utilizado (de USD 2 a USD 6 por m3)”, dice.

Agrega que los impactos de la sedimentación y los costos resultantes de la deforestación en Paraguay pueden verse exacerbados por las intensidades de lluvias importantes y los equilibrios hídricos que son más altos en la parte de Paraguay.

“Estos factores pueden intensificar los procesos que promueven la erosión del suelo y el transporte, y, por lo tanto, los impactos operativos y económicos para Itaipú. Es por eso que evitar una mayor deforestación y, en la medida de lo posible, implementar actividades de reforestación es probable que sea fundamental para mantener su desempeño operativo y económico y garantizar la longevidad de las plantas”, advierte.

ITAIPÚ. En diversos documentos de la Itaipú Binacional pueden leerse las advertencias y cuidados que debe tener la hidroeléctrica en torno al cuidado de las aguas del embalse.

“Las áreas degradadas localizadas en la franja de protección constituyen una amenaza para el embalse, al no cumplir la función de contener sedimentos, elementos químicos y orgánicos provenientes de las actividades agropecuarias de los productores colindantes, causando efectos indeseables para la generación de energía y para los otros usos múltiples del embalse”, señala el informe 2013-2014 de Itaipú.

A partir de estas premisas, la binacional inició durante la dirección de James Spalding (2013-2018) el programa Itaipú Preserva, iniciativa que buscaba reforestar las áreas degradadas dentro de la poligonal envolvente, franja de bosques de propiedad de Itaipú de 1.524 kilómetros que van desde Hernandarias hasta Salto del Guairá.

Como demostró esta investigación, esta franja sufrió todo tipo de invasiones y deforestación por parte de agroganaderos y empresarios inmobiliarios que ocuparon y siguen ocupando la propiedad de la hidroeléctrica, además de montar puertos clandestinos para el contrabando y narcotráfico entre Paraguay y Brasil.

Sin embargo, como también demostró esta investigación, el programa Itaipú Preserva no logró ni por aproximación alcanzar la meta de reforestar el 100% de su franja de bosques de protección de las aguas del embalse, y gastó USD 11,5 millones de dólares prestados del banco Continental para pagar a agroempresas el trabajo de reforestación.

Esto pone en evidencia la grave problemática que afecta a la Itaipú Binacional en torno a la necesidad de conservar sus bosques de protección para conservar las aguas del embalse de los sedimentos y los agroquímicos.

Una nota remitida por la Asociación de Pescadores de la zona de la represa también advirtió a los directivos de Itaipú de los efectos de los agroquímicos, señalando que los cultivos mecanizados que ingresan en la franja de bosques de Itaipú y llegan hasta el río Paraná están provocando la mortandad de los peces.

Además de la negligencia de Itaipú en el cuidado de sus bosques de las invasiones de agroganaderos, clubes, areneras, narcos y contrabandistas, otras instituciones del Estado tampoco cooperan con la conservación de los bosques en toda la región de Alto Paraná y Canindeyú, que también afecta a la hidroeléctrica.

Entes como el Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) son entes que también deben impulsar, como el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía, el cumplimiento de las leyes ambientales.

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