Ayer se cumplió lo que el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, había anunciado. El Ejecutivo promulgó el Decreto Nº 8977/18, que deroga el artículo 2º del Decreto 4692/15, que fijaba un precio máximo de venta al público de la nafta económica de 85 octanos.
Con esta medida, Horacio Cartes vuelve a dejar bajo libre competencia el precio del citado combustible, que está actualmente en G. 4.250 el litro y que durante el primer trimestre del año representó el 34 por ciento de todas las naftas comercializadas en el mercado nacional.
Este Gobierno había impuesto una estricta regulación por decreto de la importación y precios del gasoil Tipo III y de la nafta común, hecho que le valió un enfrentamiento con el sector privado, que calificó de inconstitucional las medidas.
Cartes obligó primero a comprar de Petropar el 50% del diésel y la nafta común importados, vía contrato. Luego liberó la importación de la nafta común, pero mantuvo el precio tope al público y bajó la exigencia de compra a la estatal del 35% del diésel común hasta julio próximo.
Leite afirmó que “este decreto es la materialización del sueño de todos, incluso de los emblemas y del Gobierno, de llegar todos algún día a una posición de libre mercado”.
Dijo que esto se está dando ahora con la liberación del precio de la nafta común, que se ajustará por la dinámica de la oferta y la demanda.
“Tenemos que celebrar que lo que todos quisieron siempre ahora se está dando”, enfatizó.
ATRÁS. Por su parte, el gerente del gremio de emblemas privados Dicapar, Guillermo Parra, consideró que con este decreto el Gobierno vuelve atrás de lo que habían implementado en el mercado de combustibles, en este caso dejando liberado el precio de la nafta económica.
“Antes habían fijado un precio tope cuando era obligatorio por decreto comprar de Petropar. Ahora que ya no es más y liberan de nuevo el precio”, recalcó. Parra dijo que con el nuevo decreto sobre la nafta común lo que hace “este Gobierno es no asumir la responsabilidad que se autoadjudicó con la máxima regulación que impuso, liberando todo de nuevo”.
Para Apesa, es maquiavélico
Al tiempo de mencionar que se trata de una decisión inoportuna y hecha de manera maquiavélica, Alejandro Guggiari, titular de Apesa, dijo del Decreto N° 8977 que con esa medida Petropar está lejos de servir como regulador de los combustibles, porque hoy es un competidor más.
“Se trata de una posición dominante; mientras que las estaciones de servicios no subimos el precio, ya que son las importadoras las que se encargan de eso. El fondo de todo es saber cómo puede perder Petropar al no subir sus precios igual que los privados”, sostuvo.
Con este decreto, se busca –a criterio de Guggiari– que los privados sean los que tomen la decisión de subir el precio, es decir que sean los malos de la película. “Desde donde se lo mire, no es competencia transparente ni un sistema predecible; confunde mucho y genera gran desconcierto en el sector de combustibles”, sostuvo.
El empresario insistió en que no se trata de un consenso con los actores privados para luego tomar una determinada decisión, al tiempo de adelantar que si las empresas distribuidoras les pasan a los de Apesa los nuevos costos, eventualmente tendrían que ajustar los precios.
UH
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