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“Inseguridad en el campo desalienta la inversión y retrasa el desarrollo”

El presidente de la Aso­ciación Rural del Para­guay (ARP) y titular interino de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Luis Villasanti, habló acerca de la situación de invasiones de tie­rras que se están dando en el interior del país. En este sentido, el empresario sos­tuvo que solo es para poner a prueba al Gobierno y este a su vez debe dar las garan­tías para aquel que realmente quiera trabajar y cambiar su visión con respecto a la polí­tica de Estado para el sector rural. Asimismo, señaló que por detrás de estas invasiones existen sectores políticos con sed de poder.

Por otra parte, se refirió al aumento de impuestos para la soja, alcohol y el tabaco e indicó que antes que este planteamiento para que paguen siempre los mismos aportantes, se debe realizar una revisión de la calidad del gasto público y ampliar la base tributaria. Agregó que como gremio están dispues­tos a conversar con todos los sectores políticos para anali­zar esta iniciativa legislativa.

–¿Cuál es el análisis que hace con respecto a las invasiones de tierra que se están dando?
–Con cada cambio de gobierno ocurre lo mismo, los sectores radicalizados ponen a prueba al nuevo gobierno, desafiando las instituciones. Esta no es la excepción. Por ello, los gre­mios reclamamos la actua­ción de las instituciones encargadas de mantener el orden, devolviendo la paz al campo y a las familias cam­pesinas, que son las que, defi­nitivamente, más sufren esta situación de inseguridad.

–¿Cómo está afectando toda esta situación al sec­tor productivo?
–La inseguridad en el campo desalienta la inversión y retrasa el desarrollo, impi­diendo que la gente que más necesita trabajo lo consiga, profundizando la pobreza, que es lo que, en definitiva, buscan los sectores que alientan la violencia rural, porque construyen sus pro­yectos políticos sobre la lógica de la confrontación para demostrar que el sis­tema no resuelve los proble­mas de la gente.

–¿Cuáles serían las opcio­nes que plantean desde el sector de la producción y la industria para zanjar esta situación?
–El Gobierno debe actuar en su doble función de garante de la libertad de las perso­nas y de proveedor de opor­tunidades, debe aplicar la ley, restableciendo el orden y garantizando los derechos de las personas, y, a la vez, debe cambiar su visión respecto de las políticas de Estado para el desarrollo rural, otorgando a los campesinos la oportu­nidad de incorporarse a la economía formal, proveyén­doles las herramientas nece­sarias para progresar. No es ignorando la violación de la ley o aumentando las trans­ferencias condicionadas que resolverá el problema, sino todo lo contrario. Y el sector privado está dispuesto a cola­borar en una visión amplia de ambas funciones, siempre que el ejemplo venga desde el sec­tor público.

–¿Cree que políticos están involucrados en las inva­siones?, ¿de qué sectores?
–Sin ninguna duda, basta revisar las redes sociales, ver las noticias y oír los discur­sos para saber que los llama­dos sectores “progresistas” están detrás de la lógica del conflicto, a los que se suman algunos actores nuevos que buscan protagonismo y opor­tunidades políticas a través de este tipo de atajos.

–¿Cuáles serían los intereses de estos sectores políticos?

–En todos los sectores políti­cos el interés es la conquista del poder y todas las venta­jas que derivan del poder. Los políticos honestos quieren el poder para buscar el bienes­tar general, los deshonestos lo quieren para enriquecerse, como –en ambos casos– lo prueba la historia y, sobre todo, la más reciente (Argen­tina, Brasil, Venezuela, sin ir más lejos).

–¿Cuál es su postura con relación al planteamiento desde el Legislativo para el aumento de los impuestos a la soja, alcohol y tabaco?
–El Estado siempre quiere más, los recursos siempre son limitados y las necesidades ilimitadas. El compromiso de los sectores públicos y priva­dos celebrado en el 2004 que produjo la revisión de la reforma tributaria de 1991 quedó incompleto. En la opor­tunidad las partes acordaron revisar la “calidad” del gasto público, y el tiempo demos­tró que fue de mal en peor. Antes de aumentar impues­tos, para que paguen siempre los mismos, debemos revisar la calidad del gasto público y ampliar la base tributaria, terminar el contrabando, etc., sin perjuicio de que, revisa­dos, el Gobierno y los gremios convengamos ajustes nece­sarios, pero, mirando las dos caras de la misma moneda; es decir, si pagaremos más, que­remos saber a qué se destina­rán los impuestos y quiénes pagaremos.

–El diputado Édgar Ortiz planteó que los impuestos se establezcan con el que más gana, y no incremen­tar los impuestos por pro­ducto, ¿qué opina al res­pecto?
–El impuesto más justo, sin lugar a dudas, es el impuesto a las ganancias y muchos países tienen un sistema de tasas progresivas. Solo que, en Paraguay, debemos analizar primero cuál es la “presión fis­cal” (no solo la tributaria) y el costo de producir en un país mediterráneo, de infraes­tructura y servicios insufi­cientes, para no condenar la competitividad de nuestros productos por el mero afán de aumentar impuestos, cuando es más importante generar empleo a través de la inver­sión generada por la capaci­dad de producir competiti­vamente.

–Ante este escenario de propuestas de aumentar los impuestos, ¿desde su sector estaría plateando otras opciones, y si conver­sarán en este sentido con los parlamentarios?
–En la Feprinco pensamos que el diálogo es la vía para buscar soluciones, como dije, a las necesidades inal­canzables del Estado, y, en tal sentido, estamos dis­puestos a conversar con todos los actores políticos del país, representados en el Congreso, siempre que los planteamientos sean honestos, no estén teñi­dos de criterios ideológi­cos o dogmáticos, donde el Estado demuestre primera­mente que está dispuesto a reducir los gastos rígidos, innecesarios o puramente superfluos antes de recla­mar mayores aportes del sector privado.

El dinero que administra el Estado no es público, es nuestro, y tiene un destino específico. No puede ser gastado de la manera que el Estado lo vino haciendo en los últimos años. Si se ana­liza todo el dinero gastado en programas u obras mal diseñados, derrochado sin reportar beneficio alguno al país (salvo, probable­mente, a algunos pocos) se comprobará que no hace falta recaudar más, sino gastar mejor.
LA NACION

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