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Hora de actuar contra la inseguridad, no más excusas

Los discursos son una cosa y la eficacia de gestión ministerial, otra. Esto viene a cuento de la actitud asumida por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que se hizo cargo de una de las carteras más importantes, habida cuenta de que en ella reside la suprema responsabilidad institucional de garantizar la seguridad pública; vale decir, la vigencia de la ley y el mantenimiento del orden público a nivel nacional. Esto, que resultaría obvio para cualquier ciudadano, no parece serlo para el ministro Villamayor, pues, desde que aceptó la responsabilidad de administrar este sensible cargo, en vez de empeñarse en encontrar soluciones –o al menos paliativos– a los más álgidos problemas de ineficiencia operativa que aqueja a su repartición, él excusa su inoperancia con cantinelas traídas de los pelos, tales como la falta de recursos económicos, la falta de profesionalismo de los agentes del orden, la falta de cooperación del público, etc., etc. Males todos de larga data, que tuvo que haber conocido de sobra antes de convertirse en ministro para comenzar su gestión haciéndoles frente, en vez de descubrirlos recién ahora, tras medio año de gestión.

Los discursos son una cosa y la eficacia de la gestión ministerial, otra. Esto viene a cuento de la actitud asumida por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que se hizo cargo de una de las carteras más importantes, habida cuenta de que en ella reside la suprema responsabilidad institucional de garantizar la seguridad pública; vale decir, la vigencia de la ley y el mantenimiento del orden público a nivel nacional. Es más, el Estado de derecho es la credencial clave de todo régimen democrático de Gobierno.

Esto, que resultaría obvio para cualquier ciudadano, no parece serlo para el ministro Villamayor, pues, desde que aceptó la responsabilidad de administrar este sensible cargo, en vez de empeñarse en encontrar soluciones –o al menos paliativos– a los más álgidos problemas de ineficacia operativa que aquejan a su repartición, tales como el auge de la delincuencia callejera y los violentos embates del crimen organizado, a los que se agrega la corrupción policial, él excusa su inoperancia con cantinelas traídas de los pelos, tales como la falta de recursos económicos, la falta de profesionalismo de los agentes del orden, la falta de cooperación del público, etc., etc. Males todos de larga data, que tuvo que haber conocido de sobra antes de convertirse en ministro para comenzar su gestión haciéndoles frente, en vez de descubrirlos recién ahora, tras medio año de gestión.

Así, como el conocido personaje bíblico Pilatos, el ministro Villamayor se dedica a lavarse las manos y a enviar señales equivocadas a la ciudadanía, que reclama y espera acciones, no excusas, en lo concerniente a su seguridad personal y a la de sus bienes. Mientras el ministro ensaya nuevos argumentos, policías corruptos agavillados perpetran asaltos y secuestros en sus días de franco como vulgares delincuentes, no hesitando en balear hasta vehículos de transporte escolar, hiriendo o matando a niños y a personas inocentes. Incluso se asesinan entre ellos mismos en riñas por la repartija de botín, como habría ocurrido en el incidente que desembocó en la muerte de un comisario. 

El ministro tampoco ha movido un dedo para castigar con el debido rigor a los altos jefes policiales agavillados con los facinerosos brasileños del Comando Vermelho (CV) y del Primer Comando da Capital (PCC), que han penetrado profundamente en los órganos de seguridad del Estado, Fiscalía y Justicia incluidas. Es lo que ha podido comprobarse en conexión con los emblemáticos casos del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y otros, quienes, aun estando en prisión, vivían como reyes y manejaban sus actividades criminales con total libertad, mientras las autoridades de la Justicia y de la seguridad pública tendían la mano para recibir coimas por mirar hacia otro lado. Eso, en la capital de la República. Ni qué decir en el área de la frontera seca con Brasil: Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ypejhú, Itanará, así como en Ciudad del Este y Salto del Guairá. 

Esta impronta de la corrupción era lugar común bajo el Gobierno de Horacio Cartes. La ciudadanía creyó en la promesa del presidente Mario Abdo Benítez en cuanto a que el suyo haría una guerra frontal a la corrupción enquistada en la administración pública y, en particular, en los organismos de seguridad. Sin embargo, en más de medio año de mandato, ningún Poder del Estado da señales de haber drenado el pantano de la corrupción que los ha anegado. No debe sorprender entonces que la ciudadanía comience a reaccionar con justificada rabia y frustración por las promesas hasta ahora incumplidas por el nuevo Gobierno, escrachando a legisladores, ministros, fiscales y jueces corruptos, que siguen tan campantes como bajo el Gobierno del “nuevo rumbo”. 

El ministro del Interior está en el centro del drama de la inseguridad que vive el país, por lo que su gestión debiera ser la más dinámica y la más enérgica del Gobierno. Aunque no disponga de los US$ 20 millones que dice necesitar para que sea eficaz el accionar de la Policía Nacional, lo que está al alcance de su autoridad es castigar ejemplarmente al personal policial implicado en delitos comunes, radiando de un plumazo de su cargo, no a los mandos subalternos, sino al propio comandante de la Policía Nacional, quien en todo este tiempo ha sido incapaz de disciplinar a los altos mandos de su institución. Así lo prueban, por ejemplo, los vergonzosos hechos de total corrupción perpetrados por jefes policiales responsables de custodiar ponderables cantidades de cocaína, vehículos y aeronaves incautados de los narcotraficantes y que desaparecen de la noche a la mañana. 

Lo más grave es que los responsables de tamaños delitos no son castigados; son simplemente trasladados a otros destinos, adonde van con sus mismos vicios. Para peor, son instalados un tiempo después en importantes cargos. O bien, en caso de flagrancia, para engañar a la opinión pública, el comandante los encubre de la reprobación ciudadana poniéndolos a disposición de una Dirección de Asuntos Internos o de una Justicia Policial que, por sus resultados, parecen ser totalmente inútiles. Se trata de meras instancias burocráticas creadas, no para reglar la conducta del policía en el ejercicio de su profesión, sino para protegerlo con el manto de la impunidad, cuando legalmente las penas por delitos cometidos por estos son mayores que las aplicadas al ciudadano común por idénticas causas. 

El mensaje que con sus recurrentes excusas envía el ministro Villamayor a la población es sencillamente una elíptica admisión de incapacidad para cumplir con la alta responsabilidad que aceptó desempeñar. En consecuencia, si tiene una pizca de ética, lo que le resta hacer es dar un paso al costado, o tomar el toro por las astas y comenzar a generar los resultados que el deber le impone. ABC

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