Reconsideran proyecto para pérdida de investidura y será estudiado por comisiones

Asunción, IP.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reconsideración del proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura, que será enviado para su estudio a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales.

En la sesión extraordinaria del martes pasado, fue aprobado el proyecto que establece la intervención del Tribunal Electoral de la Capital en las solicitudes de pérdida de investidura hechas por los congresistas.

Un grupo de diputados presentó este miércoles la reconsideración de este proyecto, moción que prosperó.

El debate en la Cámara Baja se extendió sobre la posibilidad de que el proyecto sea tratado en la sesión de la fecha, y la propuesta de otro grupo de parlamentarios de que el proyecto sea girado a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.

Reglamentación de pérdida de investidura

El proyecto de ley busca reglamentar el Artículo 201 de la Constitución Nacional, que señala que los parlamentarios perderán su investidura por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado, entre otras incompatibilidades.

La Cámara Baja creó una comisión especial para elaborar el proceso, en un estudio que incluyó la participación de juristas. El dictamen de esta comisión fue de dos proyectos: en uno se establece que la decisión final será del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y el otro proyecto establece que los propios parlamentarios votarán por la pérdida o no, entendiendo este proceso como una sanción aplicada por los congresistas.

Los diputados argumentan la necesidad de contar con una reglamentación de este proceso, luego de que haya sido aplicado por primera vez en diciembre de 2017 contra el senador Óscar Gonzalez Daher, y luego de que la Ley 6.039/18 haya sido vetada totalmente por el Poder Ejecutivo.

Esta ley, conocida como “Ley de Autoblindaje”, elevaba la votación a mayoría de dos tercios y señalaba que para dar lugar a un pedido de pérdida de investidura los parlamentarios debían contar con sentencia judicial previa.

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