Hace un año, ABC Cardinal empezaba a difundir una larga serie de audios que revelaban un intenso tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), entonces presidido por el senador Óscar González Daher, y que puso en evidencia una verdadera asociación delictiva que involucraba a fiscales, jueces y abogados. Más allá de que los audios causaron un gran impacto en la ciudadanía, que pudo conocer de primera mano hasta qué punto llegaba la podredumbre no solo en el JEM sino también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, cabe preguntarse qué consecuencias prácticas han tenido hasta ahora. Sin duda, ha sido muy importante para la moral pública que, por primera vez en nuestra historia, un senador haya sido privado de su investidura por sus pares y que otro se haya visto forzado a renunciar, debido a sus repugnantes actuaciones. Pero la marcha de la Justicia está seriamente obstaculizada, como en los casos que afectan a varios legisladores, por la interposición sistemática de incidentes dilatorios, que reflejan mala fe de los imputados, sin que la judicatura imponga sanciones disciplinarias por el ejercicio abusivo del derecho a la defensa.
Hace un año, ABC Cardinal empezaba a difundir una larga serie de audios que revelaban un intenso tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), entonces presidido por el senador Óscar González Daher (ANR) e integrado, entre otros, por su colega Jorge Oviedo Matto (Unace). Entre los principales miembros de la asociación delictiva aparecía Raúl Fernández Lippmann, secretario de dicho órgano e interlocutor telefónico de su jefe, del diputado Néstor Ferrer (ANR), de la agente fiscal Nadine Portillo y de los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva, entre otros muchos. Algunos de los mencionados en la primera tanda de los escandalosos diálogos referidos sobre todo a casos judiciales y emitidos hasta diciembre de 2017 fueron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac y Alicia Pucheta, las juezas Sandra Porto y Adriana Pedretti, el fiscal general adjunto Patricio Gaona, los agentes fiscales Karina Giménez y Alfredo Ramos Manzur, el senador Derlis Osorio (ANR) y los ex intendentes municipales colorados Walberto Zárate, Roberto Cárdenas y Arnaldo Samaniego. Una de las conversaciones más ilustrativas fue una en la que Fernández Lippmann contaba entre risas que, previo regateo, había obtenido de González Daher 30 millones de guaraníes, por sus fructíferas gestiones.
Más allá de que los audios causaron un gran impacto en la ciudadanía, que pudo conocer de primera mano hasta qué punto llegaba la podredumbre no solo en el JEM, sino también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, cabe preguntarse qué consecuencias prácticas han tenido hasta ahora. Sin duda, ha sido muy importante para la moral pública que, por primera vez en nuestra historia, un senador haya sido privado de su investidura por sus pares y que otro se haya visto forzado a renunciar a ella, debido a sus repugnantes actuaciones. Ambos –González Daher y Oviedo Matto– están hoy imputados por los delitos de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. Como casi todos los demás involucrados en este pestilente asunto, han venido planteando incidentes con el fin de trabar la imposición de medidas, para lo cual el primero debe comparecer ante el juez el 15 de noviembre, y el segundo el día después, siempre que no interpongan otras chicanas, abusando del derecho a la defensa. En cuanto a Fernández Lippmann, encausado por los mismos hechos punibles aludidos y por el de lavado de dinero, sigue sin declarar ante el Juzgado debido a los constantes cambios de agentes fiscales.
La agente fiscal Portillo fue suspendida por el JEM, mientras se la investiga por “cajonear” la causa abierta al contralor general de la República, Enrique García, en el caso de Ivesur SA, también mentado en los audios. La jueza Pedretti fue suspendida y enjuiciada por el Jurado en un caso de pedido de soborno a un inversionista español. La agente fiscal Teresa Rojas, sometida a fuertes presiones en la causa abierta por estafa en perjuicio de la firma Electrofácil (de quien González Daher, según Fernández Lippmann, dijo: “Esa está muerta; nosotros estamos ahí metidos”), se vio obligada a renunciar y, hoy reivindicada, dirige la Secretaría Nacional Anticorrupción. El abogado Caballero, defensor del presunto estafador Luis Saguier Blanco, está imputado por los delitos de asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias: hasta ahora no ha comparecido ante ningún juez, para que se le impongan medidas. En ese mismo litigio también actuó el agente fiscal Igor Cáceres, hoy suspendido y enjuiciado por el Jurado. El abogado Silva, en fin, está imputado por los delitos de asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias, con relación al enjuiciamiento de un juez de Villarrica.
Este resumen parcial de los primeros audios divulgados y de los efectos que tuvieron induce a insistir en que la marcha de la Justicia está seriamente obstaculizada, como en los casos que afectan a varios legisladores, por la interposición sistemática de incidentes dilatorios, que reflejan la mala fe de los imputados. Las resoluciones que rechazan los incidentes son apeladas y, tras ser confirmadas por la Cámara, son de nuevo recurridas ante la Corte, todo ello sin que la judicatura imponga sanciones disciplinarias por el ejercicio abusivo del derecho a la defensa. Claro que los imputados se saben culpables y, como siguen en libertad, salvo González Daher en la causa abierta por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, hacen todo lo posible para entorpecer la aplicación de medidas tales como la reclusión.
Cuanto ha salido a la luz en el último año es de singular relevancia para la marcha de las instituciones, en la medida en que son varios los legisladores, jueces y agentes fiscales que aparecen al menos mencionados en unos diálogos que atentan contra la conciencia jurídica y moral de las personas de bien. Ponen los pelos de punta y deben conllevar responsabilidades penales, pero la máxima instancia judicial ¡¡¡solo podría financiar hasta diciembre la desgrabación de los indignantes audios!!! Seguramente espera algún aumento de las tasas judiciales para el efecto. Allí se derrocha a mansalva, pero no hay dinero para realizar los peritajes que sirvan, entre otras cosas, para que la Superintendencia General de Justicia constate las coincidencias entre el contenido de las conversaciones grabadas y el de las actuaciones fiscales o judiciales a las que ellas se refieren.
Dada la tremenda gravedad de las revelaciones, la Corte debe tener el mayor interés en que se allanen todos los obstáculos para que se comprueben los resultados que habría tenido el masivo tráfico de influencias perpetrado precisamente desde el órgano encargado de enjuiciar a fiscales, jueces y camaristas. Si así no lo hiciere podría pensarse no solo en una Corte abyecta, sino también en una cómplice y encubridora de la podredumbre judicial.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben saber que, si bien han caído algunos “peces gordos”, la estructura maléfica que montaron continúa en pie y maniobrando a su favor. Por tanto, deben dirigir también sus protestas hacia quienes no se animan a cumplir con su deber para castigar a quienes han degenerado instituciones fundamentales para satisfacer sus ambiciones espurias.
ABC
