Un juez de Paz y su esposa fiscala fueron imputados ayer por usura, enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, luego de que cuatro fiscales y agentes de la Senad allanaran los despachos y la vivienda de ambos, en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. Una secretaria fiscal y un abogado también están en la mira. Supuestamente, utilizaban sus cargos para extorsionar y despojar de sus bienes a sus víctimas, a las cuales primero otorgaban préstamos con intereses siderales. Se habla incluso de que blanqueaban dinero del narcotráfico.
A partir de entonces la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía observaron al grupo y rápidamente pudieron identificar como cabecillas al juez de Paz de San Juan Nepomuceno, Nery Abel Martínez Figueredo, y a su esposa, la fiscala local Karina Elizabeth Escurra Silvero.
Los despachos del magistrado y de la agente fueron allanados a primeras horas de ayer. Después también fue intervenida la casa de la pareja, donde fueron hallados 140 millones de guaraníes, 8.000 dólares, algunos reales y una gran cantidad de cheques a cobrar y pagarés en blanco con la firma de los deudores. Igualmente, había contratos de cesiones de vehículos e inmuebles a favor del matrimonio, que serían producto de los “aprietes” a sus víctimas, se informó.
Otros objetivos
Otros dos objetivos individualizados por los investigadores son la secretaria fiscal María Laura Riveros, quien trabaja con la agente Escurra, y el hermano de esta última, el abogado Javier Nicanor Escurra Silvero.
La secretaria fiscal, por ejemplo, se moviliza en una costosa camioneta Toyota Fortuner. Su lujosa mansión, que no condice con su modesto salario, también fue allanada. En ella los agentes encontraron otros vehículos de alta gama que habría recibido como pago por los préstamos ilegales que supuestamente también hacía.
El último allanamiento se llevó a cabo en una pequeña tienda habilitada solo como boca de cobranzas de servicios básicos, giros de dinero y recarga de saldos de celulares, pero que en realidad operaba como una especie de financiera que otorgaba préstamos, por ejemplo, de hasta 1.200 millones de guaraníes.
El negocio, que sería del juez y de la fiscala, era manejado por el abogado Escurra.
La principal hipótesis sobre la cual se centró la pesquisa es que esta red de operadores de justicia se dedicaba a la usura con capital proveniente incluso del narcotráfico. Se mencionó incluso que Javier “Cucho” Cabaña habría aportado dinero para que el juez y la fiscala lo inyectaran al sistema financiero mediante emprendimientos aparentemente legales.
Supuestamente, si sus deudores no pagaban el capital y los elevados intereses fijados unilateralmente, eran extorsionados y amenazados con procesos judiciales. ABC
