El lavado de dinero a menudo conlleva una compleja serie de transacciones difíciles de separar. Sin embargo, generalmente, se pueden distinguir tres fases: Colocación, Estratificación e Integración. Durante la fase inicial, el lavador introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero, en la segunda separa los fondos ilícitos de su fuente de origen, mediante “capas” de transacciones financieras, por último en la fase de Integración se otorga apariencia legítima a los fondos ilícitos, mediante el reingreso en la economía en forma de transacciones comerciales o personales que aparentan ser “normales”.
Desde un punto de vista de la naturaleza del concepto, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no son lo mismo, por ende no pueden ser mitigados utilizando las políticas, procedimientos y mecanismos de control para ambos. Estos conceptos se mencionan y se consideran a menudo con el mismo contexto, sin mucha consideración respecto a la importancia crítica de las diferencias que existen entre ambos.
La diferencia más básica entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero tienen que ver con el origen de los fondos. En el primero, se utiliza dinero con un propósito político ilegal, pero el dinero no tiene necesariamente un origen ilegal. En cambio, en el lavado de dinero siempre los ingresos provienen de actividades ilegales.
En cuanto a mecanismos normativos de prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo localmente aún tenemos mucho por mejorar y esto se denotó en el último “Basel AML INDEX 2.017” dónde Paraguay ocupó la posición número 16 en el ranking, con un score de 7.53, de un total de 146 países evaluados (la lista publica del mayor al menor índice riesgo). El Índice de AML de Basilea es un ranking anual que evalúa el riesgo país en relación con el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo. Se centra en los marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF) y otros factores relacionados, como la transparencia financiera / pública y la solidez judicial.
Un hecho que puede preocupar a una entidad o agente, es cuando, dentro el marco de prevención, los controles diseminados en un proceso ALM sea más de orden detectivo que preventivo. Por lo que el estudio minucioso, del proceso como un todo, se impone desde la implementación de tales mecanismos. Sin embargo, podrían existir excepciones en cuanto a la implementación de buenas prácticas referidas por organismos internacionales como GAFI, BASILEA, el grupo WOLFSBERG entre otros, siempre y cuando tales excepciones sean justificadas y que no alteren el ambiente de control interno imperante en AML.
Más allá de afectar aparentemente de manera exclusiva a un sector en particular, este flagelo trae consigo consecuencias silenciosas y catastróficas que a veces suceden entre nosotros casi de manera tácita, a continuación refiero algunas que considero tienen mayor connotación y extraídos del artículo “The consequences of money laundering and financial crime”, por John Mcdowell y Gary Novis, en la publicación de “Economic Perspectives”:
– El aumento del Delito y la Corrupción.
– Debilitamiento de la legitimidad del sector privado.
– Debilitamiento de las instituciones financieras.
– Pérdida de control o errores en las decisiones relacionadas con la política económica.
– Pérdida de ingresos fiscales.
– Riesgo para la reputación del país.
-Costos sociales.
Por tanto, ser considerado como un paraíso de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo podría generar efectos negativos para el desarrollo y crecimiento económicos de cualquier país, reducir las oportunidades globales legítimas habida cuenta que las instituciones financieras extranjeras podrían decidir limitar sus transacciones con instituciones y empresas ubicadas en dichos países.
5DIAS
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