Agronegocio

Fiscalía investiga millonario fraude que salpica a empresa de Favero

Una de las empresas del Grupo Favero, propiedad del brasileño Tranquilo Favero, el mayor productor de soja del Paraguay, se ha visto salpicada por un caso de supuesto fraude a productores del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa. Fiscalía detectó la utilización de documentos falsos. Casi 80 productores fueron afectados, pero la mayoría prefieren callar.

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Entrada al Agrosilo Santa Catalina SA, empresa del Grupo Favero, que se ha visto salpicada por un caso de supuesto millonario fraude a productores de Itapúa. / ABC ColorAMPLIAR

Entre el miedo y la desesperación viven hace meses unos 80 productores agrícolas asentados en la colonia Tirol de Carlos Antonio López, distrito del departamento de Itapúa, ubicado a unos 400 kilómetros de Asunción.
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Durante años, estos productores trabajaron de manera casi exclusiva con el Agrosilo Santa Catalina SA, empresa que tiene al brasileño Tranquilo Favero como uno de sus principales accionistas y que hasta el año pasado tenía como presidente al yerno de este, René Leonidas Zittel.

Como es habitual en estos negocios, el agrosilo se encargaba de financiar la producción otorgando algunas veces créditos en efectivo, semillas o insumos que pudieran necesitar los productores. A cambio, el fruto de los meses de esfuerzo era entregado en su totalidad a la firma, que luego de realizar los cálculos y cobrar deudas, terminaba pagando la diferencia a los productores.

La financiación de la producción era autorizada mediante garantías hipotecarias otorgadas sobre inmuebles de los productores.

Sin embargo, a mediados del año pasado, las cosas comenzaron a tornarse un poco más complicadas. De pronto, los productores comenzaron a recibir visitas de representantes de la empresa que reclamaban pagos de deudas millonarias. En algunos casos, de acuerdo a una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía, las deudas existen, pero lo que reclama la empresa del Grupo Favero, el mayor productor de soja del Paraguay, está muy por encima del monto real; mientras que en otros, los productores aseguran que en realidad no tienen deuda alguna con el agrosilo.
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Para tratar de subsanar esta situación, los productores solicitaron en reiteradas ocasiones que los representantes de Santa Catalina les permitieran acceder a los documentos que respaldan las deudas, algo a lo que la empresa se negó. En medio de la serie de denuncias, según información extraoficial a la que tuvieron acceso los denunciantes, en el interior de la firma se produjo una serie de cambios en el área administrativa.

El 16 de noviembre pasado, los productores presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Santa Rita contra personas innominadas por la supuesta producción de documentos de contenido falso. El caso quedó en manos del fiscal Eduardo Cazenave.

El representante del Ministerio Público ordenó el allanamiento de la sede central del Agrosilo Santa Catalina, ubicada en el distrito de Los Cedrales, departamento de Alto Paraná. Durante el procedimiento, se incautaron varios documentos que fueron denunciados como falsos.

Cazenave ordenó el peritaje de estos documentos y el análisis reveló que efectivamente las firmas que aparecen en varios papeles como las de uno de los productores y su esposa en realidad eran falsas. Como consecuencia de esto, se imputó a la escribana ante quien se firmó un reconocimiento de deuda de casi US$ 12 millones y que posee firmas falsas.

En uno solo de los casos denunciados, se ha detectado hasta el momento un fraude de aproximadamente US$ 23.500.000, cifra que podría aumentar considerablemente debido a que se encontraron cheques que fueron emitidos por Santa Catalina a nombre de los productores, pero que terminaron siendo efectivizados por otros.

De manera paralela a la denuncia de los productores, la firma inició una serie de juicios para cobrar deudas a los productores, consiguiendo rápidamente embargos contra propiedades de los mismos y utilizando documentos denunciados como falsos y que debían ser peritados. Luego de que se iniciara el inconveniente, la empresa del Grupo Favero cortó la financiación de los productores para la zafra 2016 y promovió acciones judiciales a fin de restringirles el acceso al sistema financiero. Todo para asfixiarlos económicamente.
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Vivir en desesperación

ABC Color viajó hasta la zona de Carlos A. López (Itapúa) y Los Cedrales (Alto Paraná) para conocer la situación en la que se encuentran los productores afectados por la supuesta adulteración de sus deudas con el Grupo Favero. Algunos se animaron a hablar públicamente y desde mañana relataremos sus historias. La situación afectaría a cerca de 80. La mayoría prefiere callar.
ABC
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