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Preparan trampa para extorsionar al elector

Preparan trampa para extorsionar al elector

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley del diputado liberal Sergio Rojas que dispone sanciones severas a los ciudadanos que incumplan la obligación de votar en las elecciones. Pero ya se anuncia otro proyecto de ley que, con las debidas modificaciones, recibiría el apoyo de quienes hoy se oponen al tema. El proyecto rechazado establecía una multa de 350.000 guaraníes para quienes no votaron, además de dificultades para tramitar documentos y para acceder a planes sociales estatales. La única explicación posible al desinterés de votar de la gente puede consistir en la falta de candidatos atractivos que le merezcan confianza, y, además, los caciques políticos han secuestrado la soberanía popular mediante las “listas sábana”.

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley del diputado liberal Sergio Rojas que dispone sanciones severas a los ciudadanos que incumplan la obligación de votar en las elecciones. Sin embargo, ya se anunció que está en estudio otro proyecto de ley alternativo, debido a que, pese al resultado de la votación anterior, hay diputados que están de acuerdo con la iniciativa pero tienen algunas dudas, y a que otros que hoy se oponen a la misma podrían aceptarla mañana con otros tipos de sanciones.
El proyecto rechazado establecía una multa de 350.000 guaraníes a quienes injustificadamente no asistían a votar en los comicios, además de prohibir la tramitación de documentos personales y de acceder a planes sociales de ayuda económica del Estado.
Como se sabe, el Código Electoral –en consonancia con la disposición constitucional– establece que el voto constituye un derecho y un deber, por lo que todo ciudadano está obligado a concurrir a votar. De hecho, el incumplimiento de esta norma carece de consecuencia en la actualidad, ya que ningún infractor fue molestado por el hecho de que, según interpretación de las autoridades pertinentes, no está asignado el organismo que ha de recaudar la multa.
Aún cuando se calcula que alrededor de un millón de ciudadanos eludieron el cumplimiento de este deber en las últimas elecciones, y a pesar de que el Estado puede cobrar multas, en 27 años de ejercicio del voto con un importante margen de abstención, nadie se ocupó de multar a los abstencionistas.
La única explicación posible de este fenómeno es que como la ciudadanía sabe que no pasa nada si no concurre a votar, y ante la falta de candidatos atractivos que le merezcan confianza, ejerce con toda tranquilidad la abstención sin premeditación, organización ni promoción de tal determinación. De esta forma, la abstención se ha convertido de hecho en un derecho que se contrapone al imperativo constitucional del deber ciudadano de votar.
¿Qué impidió que durante tantos años se aplicara la sanción por no votar? Primero, todos sabemos que, en general, la ciudadanía no es consciente de que la soberanía está en sus manos y de que el voto es la forma de ejercerla. Segundo, esa soberanía fue secuestrada por los partidos políticos, más concretamente por los caciques políticos de turno, que se quedan con las funciones de representación gracias a las “listas sábana” de candidatos elegidos entre ellos. Tercero, los partidos políticos tradicionales todavía consiguen una participación aceptable con solo exacerbar el sentimiento partidista de la población para cada elección.
Entonces, ¿qué ha cambiado para que ahora los legisladores piensen sancionar la abstención electoral? En vista de que los gobiernos y los partidos políticos pierden prestigio muy rápidamente, aún cuando las cúpulas siguen controlando las estructuras partidarias, la conducta de la gente común es una tendencia a la abstención electoral debido a que la oferta electoral de los candidatos es cada vez más pobre, lo que provocará en el futuro la total des- legitimación de la representación política que vaya surgiendo de cada elección.
Antes de que eso ocurra, de que ya no alcance el sentimiento de propiedad y lealtad al partido, antes de que la gente aprenda a decir no a la afiliación obligatoria por imposición familiar o para acceder a contratos de pocos meses en la función pública, o de rechazar el arreo coactivo, los ideólogos del voto obligatorio quieren imponer la soberanía por el temor a alguna sanción.
Votar para evitar ser multado con un cuarto del sueldo mínimo, votar para no perder pequeños privilegios que impiden el retorno a la extrema pobreza, votar para no tener que tropezarse con problemas artificiales de la burocracia en la tramitación de documentos. En otras palabras, votar solo por temor y para evitarse problemas.
El ideal democrático de una construcción del Estado de derecho no se funda precisamente en el temor ciudadano sino todo lo contrario: en una participación libre y voluntaria, consciente y responsable, donde la mejor motivación puede encontrarse en la conducta ética y ejemplar de la clase política cuyos miembros se ganaron el derecho de ejercer la representación a través de una intachable hoja de vida, de conducta ejemplar y de integridad frente a las peores tentaciones.
En consecuencia, el endurecimiento de las sanciones a quienes incumplen el deber de votar no se puede interpretar de otra forma que no sea el temor de la corrupta élite política de que la ciudadanía le vuelva cada vez más la espalda en las próximas elecciones, harta y frustrada por la cadena de abusos, latrocinios, enriquecimientos con fondos públicos y despilfarro de los capitostes y su clientela.
Votar con los pies viene siendo cada vez más la constante de los electores, lo que no se solucionará con la punición, sino con mandar al traste las “listas sábana” para que aparezcan candidatos que merezcan la consideración de los ciudadanos y las ciudadanas.abc

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