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En Brasil no se pudo; ¿en Paraguay sí?

El cartista Luis Canillas espera que WhatsApp le facilite los mensajes intercambiados entre senadores disidentes. En Brasil, el año pasado, un juez ordenó suspender la aplicación por negarse a proveer conversaciones entre narcos.

Luis Canillas, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y hombre leal al presidente de la República, sigue firme en su denuncia de un supuesto plan para atentar contra el primer mandatario que era orquestado -según él- por senadores disidentes y opositores a través de un grupo en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

El martes -en día y horario laborables-, Canillas convocó a una conferencia de prensa en la sede de la ANR para presentar 150 páginas de conversaciones mantenidas supuestamente por senadores no alineados al cartismo en que se hablaba de un plan para contratar sicarios contra el presidente Horacio Cartes o someterlo a un juicio político para sacarlo del cargo.

Sobre lo primero, los opositores ya habían aclarado que la cuestión se trataba de una broma, mientras que para lo segundo, conseguir los números para aprobar el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, es una cuestión prácticamente imposible, debido a la mayoría cartista.

El asesor jurídico de la EBY y fervoroso fanático de la reelección nunca aclaró cómo consiguió los mensajes o si contaba con orden judicial alguna para ello. Canillas aseguró que presentaría las pruebas con las que contaba ante el Ministerio Público, cosa que aún no hizo, y dijo esperar que WhatsApp, aplicación propiedad de Facebook, facilite los mensajes intercambiados entre los legisladores.

Sin embargo, el abogado parece desconocer las políticas de privacidad que ha mantenido la empresa desde hace tiempo con respecto a las conversaciones de sus usuarios. En mayo del año pasado, millones de brasileños se quedaron sin acceso a WhatsApp después de que un juez a cargo de una causa de narcotráfico ordenó bloquear esa aplicación de mensajería instantánea sumamente popular en el país.

Según relataba el portal de la BBC Mundo en aquella oportunidad, Marcel Maia Montalvão, un juez basado en el estado de Sergipe (noreste de Brasil), determinó el bloqueo de WhatsApp por 72 horas en todo el país argumentando que Facebook, propietario de la aplicación, evitaba colaborar con la investigación penal de la que estaba a cargo.

La orden fue enviada a las cinco principales operadoras de telefonía móvil en el país, que comenzaron a cumplirla poco después, afectando el modo en que muchos brasileños se comunican cotidianamente. En su edición digital, el diario español El País indicaba que WhatsApp se negaba a cambiar su política de privacidad para las investigaciones criminales y ceder datos de los usuarios de los que se sospechara actividad delictiva.

Poco después del inicio del bloqueo, WhatsApp emitió un comunicado afirmando que estaban “decepcionados” con la suspensión. “Esta decisión castiga a más de 100 millones de personas que dependen de nuestro servicio para comunicarse, administrar sus negocios y mucho más, para obligarnos a entregar informaciones que afirmamos repetidamente que no tenemos”, indicó la compañía en declaraciones reproducidas por la BBC.

El sitio británico recordaba que el juez Montalvão ya había ordenado en marzo el arresto del principal ejecutivo de Facebook para América Latina, después de exigirle sin éxito datos para producir pruebas para la misma causa sobre narcotráfico y crimen organizado. El argentino Diego Dzodan, representante de Facebook en Brasil, fue liberado al día siguiente.

Esa era la segunda vez que el acceso a WhatsApp se suspendía en Brasil: en diciembre de 2015 fue bloqueado durante 12 horas por una jueza de São Paulo a cargo de otra investigación criminal.

Con estos antecedentes a nivel regional, es difícil pensar que la empresa decida cambiar su política de privacidad para permitir indagar entres los mensajes de un grupo de senadores que -según la versión de Canillas- buscaban atentar contra el presidente Cartes, un plan del que supo ya hacia finales de diciembre pero que esperó un mes para denunciar, justo cuando comenzaban a aparecer las primeras denuncias por falsificación de firmas en las planillas pro reelección que presentaron los oficialistas.

ABC

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