Cuatro personas son acusadas por cobro indebido en el TSJE

Las fiscalas contra Delitos Económicos Nadine Portillo y Yolanda Castillo presentaron ayer acusación contra Johana Inés Repol San Martín, Joel Giménez Torres, Víctor Báez Alfonso y María Isabel Quintana Ríos, por el sonado caso de cobro indebido de honorarios, descubierto en una investigación realizada por Última Hora en la Justicia Electoral, que involucró primeramente a Clara Haydée Silvera Arza, esposa del abogado Manuel Radice, amigo del ministro Alberto Ramírez Zambonini.

Los dos últimos nombrados, además de ser imputados por cobro indebido de honorarios, también fueron acusados por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Según consta en el escrito de acusación, Repol San Martín fue nombrada en la institución en el 2011 y debía cumplir funciones de 7.00 a 13.00, de lunes a viernes, con la obligación de acreditar asistencia a través del sistema de firmas diarias.

Sin embargo, la misma habría asistido a clases de la carrera de Nutrición desde febrero a diciembre del 2015, en un horario de 8.00 a 11.00, según informaron desde el Ministerio Público.

Las fechas y horarios mencionados coincidían con las jornadas laborales, donde la mujer registraba asistencia como si cumpliera funciones de manera regular en la secretaría de Ramírez Zambonini.

Las planillas de asistencia de entrada y salida de Repol estaban firmadas con el visto bueno de su superior inmediato, Víctor Báez, pareja de la misma y jefe de gabinete del ministro Ramírez. Es decir, todas las planillas eran presuntamente avaladas falsamente, por lo que la conducta de este último habría ayudado a que la hoy imputada perciba remuneraciones no debidas de G. 5.294.227 en concepto de salarios y otras remuneraciones, tales como horas extras, bonificación y subsidio por salud.

Por otro lado, Giménez Torres ingresó como contratado en la institución, desde el 1 de mayo hasta diciembre del 2013, y cumplía supuestamente funciones en el gabinete del ministro Ramírez Zambonini. El funcionario debía de asistir a la institución de lunes a viernes, en un horario laboral de 7.00 a 13.00, y dejar constancia de ello en una planilla que nunca habría existido.

Sin embargo, María Isabel Quintana, quien en ese momento no figuraba como superior inmediato del procesado, expidió un informe de gestión de servicios a favor del mismo, en el cual constaba su buen desempeño como empleado del ente estatal. Giménez Torres fue recontratado en el año 2014 hasta el 2015 y cobró irregularmente, puesto que no habría presuntamente prestado servicio.
UH